Madrid. 20 de junio de 2024. Desde la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) hemos observado con estupor la situación derivada de la elección de Juan Manuel Corchado como rector de la Universidad de Salamanca. Tras las informaciones publicadas sobre las presuntas malas prácticas del doctor Corchado y la petición de apertura de una investigación sobre esta cuestión por parte del Comité Español de Ética en la Investigación creemos que se ha planteado un doble problema: legal y ético. Hasta ahora, desde el punto de vista legal no hay ninguna acusación en un juzgado, ni el doctor Corchado ha sido imputado o condenado por ninguna falta pero nos preguntamos si esto es suficiente.

A finales de abril, cuando se supo que la candidatura de Juan Manuel Corchado era la única que concurría a las elecciones al Rectorado de la Universidad de Salamanca, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) expresó, al ser preguntada por esta cuestión y sin nombrar al doctor Corchado, que consideraba que “la honestidad académica y científica es un valor fundamental que hay que defender y preservar para que la universidad continúe siendo una institución de prestigio en la que la sociedad deposita su confianza”. Era claramente un aviso a navegantes, y, en este caso, lo que estaba y sigue estando en juego es, principalmente, la reputación de la Universidad de Salamanca.

A pesar de los avisos, el doctor Corchado resultó elegido como rector de la Universidad de Salamanca. Aunque es cierto que en dichas elecciones se produjo una bajísima participación (10,5%) y que hubo muchos votos en blanco y nulos. Pero en el cómputo final, cerca del 61% de los votos totales, fueron positivos. El resultado es una situación curiosa, legalmente el doctor Corchado es el rector de la Universidad de Salamanca al tiempo que su reputación como investigador está clara y gravemente en entredicho lo que sin duda alguna salpica la reputación de la propia Universidad de Salamanca y, por extensión, la de la universidad española en su conjunto, tanto en el plano nacional como en el internacional.

El ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha reaccionado activando la actuación del Comité Español de Ética de la Investigación cuyo dictamen ha sido que las actuaciones de Juan Manuel Corchado “podrían conculcar las buenas prácticas científicas” y exhorta a que se investiguen dichas actuaciones. Pero existe otro problema. Este comité es un órgano consultivo y sus actuaciones no son vinculantes. Asimismo, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha suspendido “de forma cautelar” la participación del doctor Corchado en cualquier actuación relacionada con los procesos de evaluación que son competencia de esta. Con ser un primer paso, nos parece insuficiente para salvaguardar lo que está en riesgo, la reputación de una de nuestras universidades más antiguas y respetadas y, por extensión, de la universidad española en general.

Por ello creemos que es imprescindible que, con celeridad, bien el Ministerio o la autoridad autonómica competente articulen la puesta en marcha de una comisión independiente capaz de verificar los hechos denunciados. El doctor Corchado debería agilizar también en tiempo y forma las explicaciones que lleva semanas anunciando que quiere dar.

Y, con el máximo respeto a la autonomía universitaria, tras esos pasos es probable que el único mecanismo efectivo es el que debe activar ese 89,5% de integrantes de la Universidad de Salamanca que no votaron en las últimas elecciones y que, junto a los votos en blanco y los nulos, podrían haber revertido el proceso y evitado esta situación indeseable. Para ello se necesita impulsar desde dentro de la propia universidad la convocatoria de nuevas elecciones y la presentación de al menos una candidatura alternativa. La solución, urgente, debe darla la propia Universidad de Salamanca.

A la luz de todo ello es también necesario hacer un llamamiento a la reflexión rigurosa sobre la metodología seguida para establecer los diferentes “rankings” de instituciones universitarias e investigadores. Con los criterios e índices actuales, definidos por empresas privadas, nos jugamos nuestro posicionamiento en esos puestos y las consecuencias derivadas de ellos.