Debate electoral: «La ciencia en la economía del futuro»

En lo esencial, parece como si todos los partidos del arco parlamentario estuvieran inicialmente de acuerdo. El futuro de la economía española, especialmente ahora que se observan signos de desaceleración, depende de lo que se invierta para potenciar el sistema de ciencia, tecnología e innovación. El programa electoral de cada uno de ellos así lo señala, pero en el debate público apenas se aprecia. En la arena del circo político que precede a las elecciones las propuestas y contrapropuestas se sitúan en otro plano.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP), Convergència i Unió (CiU), Partido Nacionalista Vasco (PNV) e Izquierda Unida (IU), admiten, cada uno con sus matices partidistas, que la economía española debería transfigurarse y apostar por el valor añadido y el conocimiento en lugar de mantener a ultranza un modelo de crecimiento basado en la construcción y los servicios. Todos coinciden, asimismo, en que hay indicios más que suficientes como para que así sea. Pero en el debate pre-electoral la batalla sobre cómo encarar una economía basada en el conocimiento no ha calado. Es como si lo urgente, como siempre en política, desplazara a lo importante.

Pese a ello, hay signos de que la apuesta podría ser válida y de que en la legislatura que está a punto de iniciarse, el partido ganador va a considerar al sistema nacional de ciencia y tecnología en su agenda de prioridades. En un debate organizado por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) en la sede del Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC) con la participación de los principales partidos con representación parlamentaria destacó, por encima de otras consideraciones, la coincidencia en la necesidad de reforzar el sistema. Y destacó, también, la rémora que se arrastra en forma de problemas pendientes en las principales áreas en las que se sustenta el sistema español. Como siempre, la carrera científica, la financiación, la organización, los retornos de la inversión y la letra pequeña de las políticas científicas. Y en eso, en la letra pequeña, es donde surgieron las mayores discrepancias.

Momento crucial

El debate entre los partidos políticos fue presentado por Joan Guinovart, presidente de COSCE y director del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB Barcelona). En su intervención, Guinovart apeló a la necesidad de buscar una alternativa «efectiva» al cambio de modelo económico que se adivina con la desaceleración de la burbuja inmobiliaria, alrededor de la cual gira, recordó, cerca del 20 % del PIB español. «La fabricación rutinaria», enfatizó, «no es el futuro». Ni siquiera la especializada, como se consideró años atrás. «La que requiere mano de obra, sea del tipo que sea, se está desplazando a otros países».

«El momento de decidir es ahora», concluyó. ¿Están los partidos políticos listos para tomar esta decisión? A tenor de lo dicho en el debate, el camino ha empezado a recorrerse pero aún quedan aspectos fundamentales por resolver. En su mayor parte, según admitieron todos los ponentes, todavía de carácter estructural.La caída, «todavía moderada», del sector de la construcción podrá soportarse «un tiempo» por una más que previsible entrada en escena de la obra pública, opinó. Pero «va a ser un parche temporal». A juicio del presidente de COSCE va siendo hora de plantear un modelo distinto basado en el «cerebro de obra», necesario para propiciar el paso efectivo y eficiente de «la economía del cemento a la economía del conocimiento».

«Se ha perdido mucho tiempo discutiendo sobre aspectos secundarios del sistema», valoró al respecto Guinovart. «Mientras abrimos debates interminables sobre las esencias del sistema y empleamos nuestro tiempo en diagnósticos que nos indican una y otra vez cual es la salud de nuestra ciencia, otros países han aplicado medidas para adaptarse a los nuevos tiempos», dijo. «Cambiar de modelo es una cuestión de supervivencia».

 

 

A vueltas con el sector privado Si en algo hubo coincidencia unánime en el debate organizado por COSCE con los principales partidos parlamentarios es la necesidad de atraer al sector privado hacia los intereses del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Los datos sitúan al mundo empresarial muy por debajo de lo que se entiende como razonable tanto en los países de nuestro entorno como al otro lado del océano, lo que provoca que la participación del sector público deba acentuarse. Revertir la tendencia es un objetivo claro para todos los partidos; el modo de conseguirlo difiere. Y lo que también coincide es la escasa concreción. El PP sitúa la solución al problema en una aportación presupuestaria de dos tercios de «lo privado» sobre un tercio de «lo público» para un, por ahora, inalcanzable 3 % de inversión sobre el PIB en un horizonte temporal que no especificó. Insistir en los incentivos fiscales y promover «plataformas nuevas» para mejorar la transferencia de tecnología, fueron sus claves. El PSOE lo resume con «una mayor interacción entre lo público y lo privado» con un mayor esfuerzo desde la Administración sobre la innovación, la transferencia de tecnología y la internacionalización del sistema. Desde IU, aunque igualmente sin concretar, se resumió bien: «Las empresas españolas demuestran una escasa capacidad innovadora, lo que provoca que la innovación no forme parte de los factores de competitividad». De lo expuesto en el debate se deduce que, por ahora, nadie tiene la llave maestra para conseguir que la situación sea diferente.

 

Debate estructural

Los distintos representantes políticos coincidieron en señalar que economía y conocimiento son dos valores «íntimamente ligados». A juicio de Montserrat Palma, parlamentaria del PSOE, no hay duda de que los cimientos que deberían propiciar el cambio se han puesto en la legislatura que acaba de terminar con la llamada Estrategia Nacional de I+D+I.

Fruto de esta estrategia, recordó Palma, se han impulsado medidas de carácter estructural que persiguen «apoyar y mantener el esfuerzo inversor» para que la ciencia se consolide como un «elemento de progreso y cohesión social». «Debemos transitar hacia un modelo económico nuevo que sea fuerte y sostenible en el tiempo», declaró.
La redacción del Plan Nacional de I+D, sostuvo, «camina en esta dirección». El Plan, que abarca hasta 2011, introduce aspectos novedosos para el sistema, como la propuesta de «ventanilla única» para las convocatorias de fondos competitivos, la transversalidad en el acceso a fondos desde distintos ministerios o el establecimiento de grandes acciones estratégicas. Y, por encima de todo, el anuncio de 47 000 millones de euros adicionales que insuflará el sector público en el sistema durante los próximos cuatro años.

De lo que se trata, resumió Palma, es de poner en marcha la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología con un aporte «superior» de fondos. Y, por el camino, plantear «grandes acuerdos» con los principales agentes del sistema de modo que sea factible alcanzar por fin un «pacto por la ciencia» tal y como se anticipó, aunque sin éxito, en el debate electoral de las elecciones que llevaron al PSOE al poder en 2004.

Desde un punto de vista estructural, desde el PSOE se aboga por una nueva Ley de la Ciencia, en vigor desde 1986. «Hay que cambiar [la Ley de la Ciencia] para adecuarla a los nuevos tiempos», señaló la parlamentaria socialista. En su opinión, el marco legal vigente «se ha quedado pequeño». El cambio de marco legislativo, junto con el aumento de recursos y mecanismos que permitan «fortalecer la gestión», componen los ejes principales programáticos del partido socialista.

En la letra pequeña, aunque no por ello menos importante, desde la formación política que actualmente dirige el Gobierno destaca la intención de incorporar hasta 200 000 investigadores y tecnólogos al sistema, un tercio de ellos en el sector público; la definición de un estatuto único del personal investigador, aplicar un nuevo sistema de acreditación y ajustar la carrera profesional a las «necesidades del sector».

Todo ello, añadió Palma, acompañado de un plan de centros de excelencia y el desarrollo de la Agencia de Evaluación y Prospectiva en paralelo a los cambios normativos que se deriven de una nueva Ley de la Ciencia. La parlamentaria socialista situó temporalmente los ejes de su propuesta electoral en un muy corto plazo de tiempo: el primer semestre tras las elecciones.

Política de Estado

Eugenio Nasarre, parlamentario por el Partido Popular, aludió también a la oportunidad de establecer una política de Estado «a largo plazo mediante proyectos estratégicos» para consolidar un sistema para el que, aseguró, se ha llegado a un momento de «necesidad histórica» en el que son precisos «objetivos ambiciosos con un nuevo tipo de esfuerzo». Este tipo de esfuerzo, muy probablemente, vendría supeditado a una nueva ley de fomento de la investigación científica y técnica, un extremo que ya valoró el PP en la última legislatura en la que ostentó el poder.

Del programa electoral del PP, Nasarre destacó la necesidad de impulsar programas de inserción de las políticas europeas con el fin de «superar el retroceso vivido en estos últimos años» y, en coincidencia con lo expuesto por el PSOE, mejorar los retornos que actualmente se obtiene de la participación española en los programas marco u otras iniciativas competitivas europeas. Del mismo modo, abogó por ampliar la comunidad científica, pero elevó hasta los 250 000 el número de científicos y tecnólogos que sería necesario integrar en el sistema español.

Con respecto a la financiación, Nasarre manifestó que la llegada del PP al Gobierno supuso «multiplicar por cuatro» los recursos públicos destinados a investigación. «Se ha dado continuidad al esfuerzo inversor en la última legislatura», admitió, «pero se abusa en exceso del capítulo VIII». El parlamentario del PP cifró lo que entiende como un exceso en 15 500 millones de euros proporcionados por el sistema en forma de créditos reembolsables. «¿No es eso una crisis encubierta de la financiación del sistema?», se interrogó en voz alta.

En otros aspectos, las diferencias con las propuestas del PSOE no difieren excesivamente en la forma y el contenido. Tal vez sí en el detalle. Si desde el Gobierno socialista se habla de una Ley de Agencias, desde el PP se habla de Agencia Nacional de I+D; si desde uno se pretende considerar al CSIC como una agencia, desde el otro se insiste en la necesidad de potenciarlo; y si desde un partido se alude a la carrera científica como algo a desarrollar, desde el otro partido se habla de estimular la carrera científica.

Y en lo que se refiere a líneas estratégicas para la investigación, los dos partidos hacen hincapié en las mismas áreas básicas: biomedicina, biotecnología, energía, agroalimentación, nanotecnología, sociedad de la información, patrimonio… De algún modo, las propuestas de ambos partidos, cada uno con sus acentos y matices, recogen recomendaciones de inversión y fortalecimiento del sistema acordes con lo que ahora se lleva en la escena internacional. Por lo que parece deducirse de lo expuesto en el debate, y salvo cuestiones de organización interna, difícilmente parecen dispuestos a dejarse llevar por algo que no sea lo estrictamente obvio.

 Fondos de reserva

Mercè Pigem, por Convergència i Unió, hizo un llamamiento para reforzar la innovación como «valor añadido y factor estructural» para construir un sistema con voluntad de «permanencia en el tiempo» y que mostrara «un mayor respeto» al actual modelo de estado de las autonomías. Aludió, como el resto de partidos, a la necesidad de dotar a este sistema de una financiación «mayor, estable y con mecanismos de gestión optimizados». En su fórmula, aparecen también la generación de una red de centros de excelencia y una mayor atención a la transferencia de tecnología.

La estructura administrativa centró parte de la intervención de Pigem. A juicio de la parlamentaria de CiU, «ahora existe demasiada dispersión en el modelo». La parlamentaria aportó como alternativa dos fórmulas ahora extintas. Una es la del Ministerio de Ciencia y Tecnología, «que no cuajó»; la segunda es la del Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información (DURSI) de la Generalitat, ahora desmantelado, pero que obtuvo «una buena valoración» en el sistema catalán. La ley de Agencias, puntualizó, debería evitar un «cruce de ministerios» tanto en lo que se refiere a coordinación como a financiación.

Pigem lamentó lo que desde su partido se considera un uso abusivo de los créditos reembolsables. «Los créditos no son la mejor solución», aseveró. Al mismo tiempo, reclamó una política de personal investigador «estable» en el que las empresas, de las que se espera una mayor participación, puedan obtener un rédito más claro.

Finalmente, planteó, como propuesta para afrontar tiempos de crisis o de reducción presupuestaria, la posibilidad de crear fondos de reserva para garantizar las inversiones que, de manera continuada, precisa el sistema. Desde CiU se estima que ese eventual fondo debería contar con un 1 % del PIB para asegurar la estabilidad a largo plazo del sistema español.

Reglas de juego

«Nos estamos jugando el futuro, pero con reglas de juego que fijan otros y no nosotros». Con esta contundencia, haciendo gala de un realismo pragmático, arrancó su intervención José Ramón Beloki, representante del Partido Nacionalista Vasco en el debate organizado por COSCE. «Europa ha fracasado hasta el momento en planes e intenciones», abundó. «Y no somos los primeros de la clase en el ir mal; es más, nadie tiene la asignatura aprobada».

De este modo tan gráfico resumió Beloki lo que, en su opinión, marca un punto de partida esencial en el replanteamiento del sistema. A eso lo llamó promover los «valores de la innovación». En esencia, «pasión, compromiso, trabajo en red y asunción de riesgo». Y añadió: «El gobierno que salga de las elecciones debe estar convencido de los valores de la innovación con un compromiso compartido por el sistema de I+D+I».

Para conseguir estos objetivos el representante vasco reclamó el establecimiento de una comisión parlamentaria permanente, un liderazgo político «claro», un plan que permita «revisar las relaciones» entre el sector público y el sector privado y la implantación de medidas políticas que favorezcan una reforma a fondo de al menos tres grandes estructuras asociadas a I+D. Citó, por este orden, a la estructura administrativa encargada de gestionar el sistema, la educación y la investigación. Estas medidas, dijo, deberían situar a España en el 2 % de inversión sobre el PIB para 2010. Dicho de otro modo, los planes que se establezcan para promover acciones en ciencia y tecnología «deben impactar sobre el sistema». En caso contrario, deslizó, tal vez no sean medidas adecuadas.

Como corolario, Beloki recordó lo que para muchos es una obviedad. En primer lugar, España juega, por lo menos, en «la liga europea», por lo que hay que facilitar mecanismos de internacionalización.

Más polémicas podrían ser sus consideraciones acerca de «cómo premiar la cultura de la innovación», tanto en el sector público como en el privado, o cómo hacer para que los ámbitos de Sanidad y Defensa participen del sistema. En opinión del parlamentario del PNV, ambos aportan suficiente materia gris, conocimiento y desarrollo tecnológico como para que deban ser considerados agentes activos. «Sanidad y Defensa no pueden vivir al margen [del sistema de I+D+I]», concluyó.

Giro de modelo

Desde el otro extremo del arco parlamentario, Montserrat Muñoz, de Izquierda Unida, se insistió en el mismo discurso que los partidos mayoritarios: el modelo económico basado en la construcción y el consumo se antoja como algo demasiado frágil y poco sostenible en el tiempo, por lo que poner el acento en el sistema de I+D+I, al que la parlamentaria de IU añadió la industria, parecería lo más adecuado. A su juicio, representan, o deberían representar, los «elementos estructurales de la economía del futuro».

A diferencia de PP y PSOE, sin embargo, Muñoz apuesta por un sector público «fuerte» a través del cual pueda lograrse mayor cohesión social y desde el que sea posible «dar y recabar» apoyo industrial.

Al igual que el resto de partidos representados en el debate, Muñoz aludió a la todavía precaria incorporación del sector industrial al mundo de la investigación. «Parece que el sector privado no ha incorporado la innovación como factor de competitividad», sentenció. Al respecto, se pronunció de forma crítica. Los elementos que hasta ahora se habían considerado como centrales para garantizar la competitividad, como los costes de producción, incluida la mano de obra, «ya no forman parte de un desarrollo económico competitivo de cara al futuro», dijo en clara referencia a los procesos de globalización y deslocalización industrial.

Respecto de las iniciativas precedentes para la mejora del sistema de ciencia y tecnología, Muñoz se congratuló del esfuerzo inversor aunque, al igual que el representante del PP, con mención explícita del capítulo VIII. «Ha habido un crecimiento excesivo de la financiación con créditos reembolsables y un rendimiento muy bajo». Criticó, asimismo, la «enorme opacidad» que a su juicio existe sobre quien recibe los créditos y con qué criterios, algo que «dificulta la evaluación» o, dicho de otro modo, la eficacia de la medida.

Del modelo organizativo, la representante de IU planteó la necesidad de incrementar la coordinación interministerial. «No se ha dado aún con la fórmula», dijo en referencia a las propuestas que han emergido en los últimos años, desde el fallido Ministerio de Ciencia y Tecnología hasta las ideas en forma de Ley de Agencias. Pese a ello, abogó por devolver el sistema a un «ministerio único», con un Plan Nacional «decidido en el Parlamento» para fijar por mayoría las líneas estratégicas a seguir, y una Ley plurianual de investigación que otorgue estabilidad presupuestaria.

De modo diferencial, Muñoz lamentó el peso de los recursos destinados a la investigación militar, para los que pidió la posibilidad de que los investigadores puedan ejercer el derecho a la objeción de conciencia.

Y en cuanto a recursos humanos, reclamó la búsqueda de fórmulas que doten al investigador de estabilidad laboral o, lo que es lo mismo, que los centros y departamentos universitarios puedan tener la opción de «estabilizar plantillas y retener talentos». En la misma línea, denunció la «explotación que padecen los becarios» y que con respecto a las plantillas de investigación se haya optado más por las medidas coyunturales que por las estructurales.

A vueltas con el personal De todos los problemas expuestos en el debate electoral propuesto por COSCE, acabó sobresaliendo el capítulo dedicado a personal investigador y a tecnólogos. Sobre la mesa, una carrera científica por decidir, la incorporación de nuevos investigadores al sistema (parte de ellos al sector privado) y cómo aprovechar mejor las distintas categorías y programas de incorporación de científicos y tecnólogos previstos por la Administración. Y, por supuesto, cómo resolver las distintas «patatas calientes» que aún permanecen a medio resolver. Léase en este caso, las derivadas del programa Ramón y Cajal, la situación laboral de investigadores y personal de apoyo del CSIC o la estabilidad de plantillas en centros o áreas de investigación de las OPI o de las universidades. Mientras los partidos desgranaban sus soluciones para una coyuntura determinada, en el ambiente flotaba una duda: ¿Cómo compatibilizar plantillas estables y a largo plazo con un sistema al que se le exige flexibilidad y permanencia de acuerdo a la consecución de resultados sometidos a evaluación continua?

Dudas en el aire

Al final de las intervenciones, retomó la palabra Joan Guinovart, refiriéndose al informe CRECE elaborado en 2005 por la COSCE, que reúne propuestas del mundo científico a los políticos y que entregó a cada uno de los diputados presentes.

Posteriormente se abrió el turno de preguntas, lo que inmediatamente provocó un bosque de manos alzadas con la intención de rebatir las propuestas de sus señorías. El auditorio se quejó de que la actividad investigadora en el sector público no es suficientemente atractiva para los jóvenes. Se hizo visible la necesidad de luchar contra el provincianismo o la endogamia, y de favorecer la movilidad. La necesidad de fluidez interministerial, eliminando las barreras burocráticas que entorpecen los avances fue apuntada también por los asistentes. En general, los investigadores se muestran cansados de que les cuenten lo mismo y de no ver resultados a corto plazo o, más allá, palpables por ellos mismos.

Interesantes fueron las palabras finales de Joan Guinovart al darse cuenta, como científico, de la ausencia de posturas diferentes: «Bien señorías, puesto que ha quedado demostrado tras sus intervenciones que todos perseguimos los mismos objetivos, esperamos que estos temas se aprueben en el Parlamento por la más absoluta unanimidad». Finalmente, dirigiéndose al auditorio, sentenció: «Está visto que gane quien gane el día 9 de marzo, ganamos todos».

[20/2/2008]